COSTA TROPICAL

DUDA E INTRANQUILIDAD EN LOS CHIRINGUITOS DE GRANADA POR LA REFORMA DEL REGLAMENTO DE COSTA.

Una de las dudas que más se repite es qué pasará cuando tengan que renovar la concesión de los negocios

La bronca entre la Junta y el Ministerio deja a los chiringuitos en un limbo jurídico

 

"Un arroz negro, media de rosada a la plancha y una ensalada de la casa", pide un comensal en unos de los chiringuitos ubicados en la Costa Tropical. Entre tanto, varios camareros toman las comandas a otros clientes, piden a cocina y están pendiente de que no les falte nada a los usuarios, mientras que algún que otro dueño de estos establecimientos hosteleros atienden al teléfono y apuntan en la agenda las reservas o se aseguran de pedir todo lo necesario a los proveedores. Una imagen que, aunque parece ser exclusiva de la temporada estival, se repite a lo largo del año gracias a la clientela fija y al servicio que ofrecen los negocios del litoral. Los chiringuitos del litoral cuentan con una plantilla fija durante todo el año, por lo que el nerviosismo y la intranquilidad por la sombra de un nuevo Reglamento General de Costas, y sus consecuencias, planea sobre ellos.

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una posible reforma del reglamento que, de aprobarse, podría poner en jaque a multitud de negocios del litoral, entre otras cosas por la dificultad a la que tendrían que enfrentarse los empresarios a la hora de renovar u obtener la licencias de sus negocios, que actualmente se otorgan por 30 años, renovables cada 10. Ahora mismo, una de las cuestiones que se está barajando es la de que los negocios podrían tener un tamaño máximo de 200 m2, en el caso de las playas urbanas, de una sola planta y sin sótano.

La idea de tener que prescindir de los sótanos no tiene sentido para la mayoría de los establecimientos ubicados en la playa de Granada. Muchos de ellos adaptaron sus negocios hace años a las normativas vigentes y construyeron sótanos de hormigón armado para poder almacenar el género en las mejores condiciones y cumplir escrupulosamente con la normativa sanitaria. "Prácticamente, el 95% de los chiringuitos de la playa se adaptaron en su momento, hicieron una buena inversión y construyeron su sótano para poder tenerlo de almacén. Esperamos que este nuevo reglamento no salga adelante, porque una gran mayoría tendría que echar abajo su negocio para volver a construirlo", explica a Granada Hoy el presidente de la Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas, Francisco Trujillo.

En este sentido, apunta que la idiosincrasia de los chiringuitos es muy distinta en los distintos municipios, tanto de Andalucía, como del resto de España. "Ahora mismo hay mucha incertidumbre porque no sabemos cómo nos puede afectar una posible modificación y nadie nos ha aclarado todavía nada. Por ejemplo, con el actual reglamento, si un organismo no contesta a una consulta en el plazo establecido a la tramitación de una concesión, es decir la respuesta es el silencio, se considera algo positivo, porque no se encuentra ningún problema y se entiende que el proceso continúa su proceso normal. Con la nueva norma el silencio no es nada positivo, porque puede suponer la paralización de unos trámites en los que se lleva trabajando mucho tiempo".

El debate de los sótanos también preocupa, pero no tanto por el hecho de si en el futuro podrán seguir utilizándolos o no, sino porque en caso de prohibirse, los empresarios tendrían que destruir todo el local. "La mayoría tenemos que renovar ya mismo la licencia, lo que nos preocupa es saber si para la renovación vamos a tener que adaptar de nuevo nuestros negocios y tirar los chiringuitos abajo, pero es que aún no sabemos nada con seguridad".

Al hilo, añade que ahora mismo hay mucha intranquilidad en el sector, "no se sabe cómo va a ser nuestro futuro, no se sabe si vamos a tener las mismas garantías políticas que hemos tenido hasta ahora y hay muchas cosas en el aire". No obstante, Trujillo pide ir con pies de plomo y esperar a saber con mayor exactitud lo que se solicita y si finalmente esta modificación sigue adelante, ya que se está hablando mucho sobre el tema, cada provincia tiene unas características distintas y hay que saber diferenciar entre autorizaciones temporales, concesiones, instalaciones ya otorgadas y renovaciones.

Por otra parte, señala que les han anulado ya en dos ocasiones una reunión con el secretario de Estado para conocer en qué punto se encuentra la modificación del reglamento que, de momento, no hay una nueva fecha en el horizonte.

Hace algunas fechas, desde el Ministerio de Política Territorial y del Ministerio de Transición Ecológica se informó a la Junta de Andalucía, entre otras comunidades, en el marco de la modificación del Reglamento General de Costas, de las nuevas medidas que se aplicarían a las comunidades que ya tienen transferidas las competencias. De esta forma, se plantea, por ejemplo, que en el caso de las concesiones demaniales, la administración autonómica tendrá que notificar a la del Estado de cada solicitud en tramitación, para que esta remita en un plazo máximo de dos meses un escrito con su criterio en relación con la garantía de la integridad física y del uso público del dominio público marítimo-terrestre.

El pasado jueves, varios gobiernos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, reprocharon al Gobierno durante la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que haya ignorado la reclamación formulada por la mayoría de comunidades con litoral para paralizar el proyecto del nuevo Reglamento General de Costas.

La Junta lamentó en un comunicado que el Ejecutivo central decidiera "mantener sin cambios" la tramitación del proyecto y el marco de compatibilidad con las estrategias marinas, pese a las reclamaciones de la mayoría de comunidades sin litoral. La consejera en funciones de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, subrayó que una reforma de esta trascendencia no puede abordarse "sin un proceso previo de diálogo efectivo, cooperación institucional y respeto competencial". Y lamentó que la sesión se había desarrollado como una simple exposición informativa, "sin abrir espacios reales de concertación ni incorporar las alegaciones de los territorios que, como Andalucía, estamos afectados".

Por su parte, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, recordó que la Junta había tenido oportunidad de formular observaciones y aportaciones desde que se inició el trámite de consulta pública el pasado marzo y destacó que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) estaba analizando todas las contribuciones recibidas y continuaba con la tramitación prevista hasta la aprobación de la norma.

Además, recalcó que el objetivo de la modificación del Reglamento General de Costas es adaptar la normativa española a las exigencias del Derecho de la Unión Europea y persigue reforzar la seguridad jurídica, garantizando que el otorgamiento de concesiones para actividades económicas se lleve a cabo mediante procedimientos transparentes, imparciales y sujetos a concurrencia competitiva, en línea con los requerimientos trasladados por la Comisión Europea.

"Pedimos que transfiera más competencias a la comunidad autónoma porque entendemos que desde aquí se entiende más la problemática. No es lo mismo que alguien que está en Madrid, en una oficina en Nuevos Ministerios, no es lo mismo que alguien que esté en Andalucía, que comprende la situación, la idiosincrasia de los chiringuitos y comprende lo que significa un chiringuito en las playas andaluzas", señala el presidente de los Empresarios de Playas de la Costa Tropical, Francisco Trujillo.