GRANADA HOY /LOS AGRICULTORES BUSCAN ALIADOS EN OTRAS COMUNIDADES DE REGANTES PARA DESBLOQUEAR LA FINANCIACION DE DESGLOSADO 3 DE RULES/
Reiteran su compromiso con una gestión justa, transparente y consensuada del agua, y seguirá trabajando para que todas las decisiones respondan al interés común de los agricultores
Los regantes de la Costa realizarán un estudio económico para analizar el impacto de las obras del desglosado 3 de Rules
Sin posibilidad de acceder a ninguna subvención europea por el momento, y sin ayuda a la vista de las administraciones, los agricultores de la Costa Tropical tiran de contactos y hacen números de todas las formas posibles para desbloquear la situación en la que se encuentran con la financiación del desglosado 3 de las canalizaciones de Béznar-Rules y que esta no sea la 'piedra en el camino' que impida que el agua llegue hasta todos los rincones del litoral para apaciguar la sed del campo.
Los regantes afectados por este tramo tendrán que hacer frente a unos 1.400 euros por hectárea y año para financiar esta parte de la infraestructura, según el estudio económico para analizar el impacto de las obras que ha realizado la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, lo que supondrá un desembolso económico importante para las 20 comunidades afectadas por este tramo. Los representantes del Bajo Guadalfeo mantuvieron diversas reuniones con las comunidades afectadas para trasladarles los resultados del estudio económico y saber si están conformes en hacer frente al aval millonario que se solicita desde Acuaes para iniciar la obra.
Anteriormente, mantuvieron una reunión con los responsables de la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España donde les dijeron que el aval de casi ocho millones de euros requeridos para poder llevar a cabo las obras desglosado 3 de las canalizaciones de Béznar-Rules, era un requisito indispensable para que pueda iniciarse la obra.
El presidente de la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalfeo, Maximino Prados, explica a Granada Hoy que "el sentir general de las comunidades con las que nos hemos reunido es de que necesitan el agua, pero sienten que se están aprovechando de que no hay subvenciones y de que esto es lo que hay, sabiendo desde las administraciones que la realidad del campo es que es necesaria el agua". "Los agricultores están enfadados por no tener ayudas y porque si se hubiese realizado antes la obra no costaría lo que cuesta y ya estaría hecha".
Prados señala que tras estas primeras reuniones con los regantes la sensación es de que podrá salir adelante. Además, avanza que hay algunas comunidades del desglosado 4 -que sería el siguiente en ponerse en marcha- que estarían dispuestas a ayudar económicamente con el pago del tramo para así desbloquear la situación y permitir que el agua siga avanzando hasta La Herradura. "Son conscientes de que ahora mismo no se beneficiarían pero sí para el próximo desglosado. De esta forma se abaratarían costes y supondría menos desembolso".
Incide en que aún es pronto porque cada comunidad afectada tendrá que votar en su asamblea general si dan un paso al frente o se plantan, "ahora mismo estamos en negociación pura y dura", y no hay nada decidido.
Discrepancias entre comunidades
En mitad de las negociaciones hay comunidades de regantes que no están del todo de acuerdo con los pasos que se están dando. Desde la Asociación Verde, Seco, Jate y la Asociación Agua para el campo señalan que están "indignados con el acuerdo alcanzado entre el Ministerio y el presidente de la Comunidad General del Bajo Guadalfeo a espaldas de los afectados" ya que, en opinión de la asociación, "han ignorado el clamor de nuestros agricultores que solo piden un trato de igualdad con nuestros vecinos y a los que solo les dan a elegir entre la sequía o la ruina económica".
El presidente de Verde, Seco, Jate, José Luis Ruiz Olivares, indica que el acuerdo es una indecencia. "Como las aguas que contempla el Plan Hidrológico son sobrantes, además de los 125 millones tendremos que seguir pagando el coste de nuestras comunidades y el canon de la depuradora si utilizamos sus vertidos; pagaremos también el coste del aval, el canon de la presa y la cuota de la Comunidad del Bajo Guadalfeo. Una auténtica ruina".
Por su parte, Jesús Peralta, de Agua para el campo, insiste en que "la mala gestión del Ministerio es la única responsable de la perdida de los fondos europeos. Ministerio y Junta de Andalucía están realizando fuertes inversiones directas en mejoras en regadío, mientras que en las cuencas de los ríos Verde, Seco y Jate se ponen de perfil y pretenden cargarnos a los agricultores con el 100% de los costes".
Además, piden interlocución directa con el Ministerio a la que deberá incorporarse la Junta de Andalucía. "No se puede negociar la agricultura de Almuñécar y La Herradura, Jete, Otívar y Lentegí de espaldas a sus agricultores. Nuestro representante legítimo es el presidente de la Junta Central de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate y es su presidente, Joaquín Montes, quien debe negociar un nuevo acuerdo favorable a nuestros agricultores".
Sobre estas acusaciones desde la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo inciden en que ellos no toma decisiones unilaterales ni firma ningún tipo de acuerdo sin consultar previamente con todas y cada una de las comunidades de regantes que la integran. "La base de nuestra actuación es el consenso, la transparencia y la voluntad de que todas las voces del territorio estén representadas y escuchadas".
Añaden que ahora mismo se encuentran en un proceso activo de diálogo con las distintas comunidades con el objetivo de definir de forma conjunta una posición firme y cohesionada ante las administraciones. "Solo desde la unidad es posible defender con fuerza y legitimidad los intereses del sector agrícola", apuntan.
En este sentido, insisten que cualquier avance, propuesta o acuerdo que se valore con las administraciones competentes será fruto de un proceso previo de consulta, deliberación y aprobación por parte de la Comunidad General de Regantes, como órgano legítimo de representación del conjunto del regadío de la zona. Y llaman a la responsabilidad de todos los actores implicados y especialmente de los medios de comunicación, para que contrasten adecuadamente la información antes de su publicación, evitando generar confusión o división en un momento especialmente delicado para el sector.
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