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El Ayuntamiento acuerda abonar 58.000 euros al dueño de un negocio de material pirotécnico que fue prohibido ante las protestas de los vecinos
El culebrón del enfrentamiento entre el propietario de Pirotecnia Martín y el equipo de gobierno de Motril parece haber llegado a su fin. El Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el empresario Esteban Martín por el que le indemnizará con unos 58.000 euros, la misma cantidad que había invertido en el negocio de venta al público de material explosivo que la administración local le ha prohibido abrir, según confirma a IDEAL el propio empresario. El acuerdo llega un año después de que el Ayuntamiento cambiara la normativa municipal vigente para impedirle abrir la tienda, que contaba con todas las bendiciones legales.
El conflicto estalló en septiembre de 2012, cuando el barrio de La Rambla de Capuchinos, en pleno centro de Motril, se puso en pie de guerra ante el inicio de las obras de una tienda de material explosivo (petardos, bengalas, bombas de juguete...) que iba a abrir el empresario en la zona. Estaba reciente el trágico accidente mortal que aquel verano había ocurrido en las instalaciones de la empresa pirotécnica en Vélez de Benaudalla y los vecinos hicieron saltar las alarmas ante la posibilidad de que «un polvorín» se instalara en el barrio. Por más que el empresario Esteban Martín trató de explicar que la tienda que quería abrir no tenía absolutamente nada que ver con la fabricación de material pirotécnico, el barrio ya estaba en pie de guerra. La instalación incluía un pequeño búnker, obligatorio en este tipo de establecimientos, donde se podrían almacenar un máximo de 50 kilos de este material pirotécnico de uso no profesional, del que la gente consume principalmente en Navidad.
Y al ver avanzar las obras de este ‘búnker’ a los vecinos les entró el pánico, principalmente a los mayores que en aquellos días aseguraban que no podían ni dormir por la ansiedad. En la Rambla de Capuchinos se alzaron contra «el polvorín» y pidieron amparo al equipo de gobierno motrileño que se topó con una patata caliente de difícil resolución. Y es que el establecimiento contaba con todos los permisos correspondientes para este tipo de instalaciones, tanto del Gobierno central como del propio Ayuntamiento, que había autorizado la licencia de obras. El empresario ya había alquilado el local, acometido reformas y realizado una inversión de unos 58.000 euros cuando le llegó la orden de paralización cautelar de los trabajos por parte del Ayuntamiento.
La fórmula que encontró el equipo de gobierno para alinearse con los vecinos e impedir definitivamente que se abriera la tienda fue cambiar la normativa municipal, con una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana que desde entonces limita la ubicación de este tipo de negocios en la ciudad y establece la obligatoriedad de que se alejen una distancia mínima de 250 metros de las viviendas. El gobierno del PP sacó adelante la modificación con sus votos y la abstención del PSOE. Una vez cambiada norma, el Ayuntamiento ya tenía una herramienta legal para denegar la licencia de apertura.
Desde entonces el empresario ha pataleado ante lo que ha considerado un atropello y amenazó con emprender acciones judiciales. El punto álgido del encontronazo con el gobierno municipal llegó cuando el pasado mes de agosto –por si no tenía bastante con haberse quedado sin tienda– también se quedó sin el contrato del castillo de fuegos artificiales que su empresa venía llevando a cabo desde 1895, con la única excepción de los años de la Guerra Civil. Martín no dudó entonces en hablar de «vendetta» contra él de la alcaldesa, Luisa María García Chamorro.
Evitar el pleito
No obstante, y aunque se queda con las ganas de haber llevado el tema de la tienda a los tribunales para reclamar el lucro cesante, el empresario entiende que ha sido más práctico negociar con el Ayuntamiento, que le abonará las facturas de las obras para evitar el pleito. «El capricho le va a costar un euro a cada motrileño», lamenta Martín, todavía frustrado y triste, porque él no quería una indemnización, él quería su tienda. El acuerdo económico, según Martín, está cerrado a falta del visto bueno del pleno, pero desde luego no le compensa su frustración y disgusto. «Me han hecho un daño tremendo, es una desilusión, una impotencia... No me puedo creer que hayan destrozado así a un empresario en lugar de favorecer al que arriesga y crea empleo. Y ya lo de los fuegos de agosto fue un castigo en toda regla con el que la alcaldesa quiso demostrar quien manda aquí», resume Martín. No obstante, el empresario apuesta por cerrar página de este desagradable episodio, consciente de que, al fin y al cabo, para una empresa como la suya es importante poder volver a trabajar con el Ayuntamiento de Motril. Está por ver si lo conseguirá el próximo mes de agosto. «Nadie es profeta en su tierra», lamenta.
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