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El Alvia, Spanair, el 11-M, los Alfaques, los Rodeos... las tragedias se pagan, pero algunas mejor que otras. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona?
Cuánto cuesta la vida de una persona? Esta pregunta, que a priori genera tanto rechazo como dudas morales, no sería tan difícil de contestar si nos atenemos al baremo que las compañías aseguradoras, las administraciones públicas y los jueces españoles utilizan para calcular las cantidades con las que indemnizar a las familias de los muertos y a los heridos de siniestros tan espeluznantes de nuestra historia reciente como el del avión de Spanair en 2008, que dejó 162 víctimas entre fallecidos y lesionados. O el del accidente de tren de Chinchilla, en 2003, en el que perecieron 19 personas. O el del Yak-42, ese mismo año, que acabó con la vida de 62 militares españoles.
En vigor desde 1995 para víctimas de accidentes de circulación, el baremo se emplea a discreción para valorar los daños y perjuicios provocados por riadas, inundaciones, terremotos, descarrilamientos o infiernos aéreos. «Y son indemnizaciones que no están adecuadas al daño que se causa», subraya el abogado Javier González, responsable de la defensa de varias víctimas del Alvia que se llevó por delante la vida de 79 personas hace poco más de un mes. «Está claro que, en estos casos, no estamos ante un accidente de automóvil, en el que el conductor coge el coche de forma voluntaria y bajo su responsabilidad». Así que, según la vara de medir impuesta por nuestros gobernantes hace casi 20 años, «un muerto en una catástrofe como la de Santiago o la de Barajas puede salirle a una aseguradora por menos de 100.000 euros, un chollo», expone con frialdad un veterano directivo del sector del seguro y el reaseguro, que prefiere mantener el anonimato.
La mala fama de estas empresas engorda después de cada tragedia, aunque Mapfre, la compañía contra la que aún siguen litigando varias víctimas del accidente de Spanair, prefiere no alimentar el debate sobre el lucro de las aseguradoras y se ciñe a las cifras ofrecidas a las víctimas: un 20% más sobre el baremo. «Si yo fuera víctima, lo aceptaría sin dudar», reconoce un letrado experto en la defensa de los intereses de estas compañías que tampoco quiere aparecer sobre el papel. En total, unos 12,5 millones que, según los cálculos, resultan a 72.000 euros de media para cada una de las familias afectadas. Aunque en este tipo de desgracias siempre hay multitud de factores que hacen variar la cuantía de las compensaciones, como las circunstancias familiares, las secuelas y el tipo de invalidez de los heridos o los ingresos que percibía el fallecido, por poner solo algunos ejemplos.
«La vida será más barata»
A pesar de que alrededor del 90% de los casos no llega a los tribunales y acaban en acuerdo, la presidenta de los afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera, anuncia que seguirá peleando hasta el final «por conseguir justicia, que las líneas aéreas cumplan con todos los requisitos y que esto no se resuelva con esas cantidades, porque las próximas víctimas lo tendrán peor. La vida se volverá más barata. Las aseguradoras quieren quitarnos de en medio de un plumazo aplicando el baremo de accidentes de tráfico, pero en esta tragedia murió gente como si fuera una guerra. Yo no puedo sentarme a hablar con una compañía de seguros que tasa la vida de un niño en 25.000 euros», se lamenta Vera, tía de una de las fallecidas en el accidente. Y sin embargo, fuentes del sector del seguro razonan con crudeza que esas cantidades no sean superiores: «Cuando muere un hijo el dolor es terrible, de eso no hay duda; pero el perjuicio económico para los padres es cero. Es más, dejan de gastar un dinero importante».
Cristóbal González, uno de los supervivientes del Alvia que descarriló en Santiago y que hoy es la cabeza visible de los afectados, también rechaza de plano esta tabla para determinadas catástrofes: «Con la aplicación de ese rasero consiguen rebajar las indemnizaciones. Se debe actuar en el ámbito político para que esto no suceda». El letrado Javier Rodríguez aclara que «cualquier despacho de abogados que entienda un poco de responsabilidad civil debe negarse en rotundo a aceptar las indemnizaciones propuestas por las aseguradoras». En el caso del tren de Santiago, la compensación a un gran inválido de unos 20 años podría llegar a un máximo de un millón de euros, mientras que, con la mediación de abogados y las reclamaciones pertinentes, la cantidad podría multiplicarse por tres y hasta por cuatro. Cantidades, de hecho, que se presentan de inicio en tragedias similares de países de nuestro entorno como Francia, Reino Unido o Italia. «En Estados Unidos, por ejemplo, las indemnizaciones son muchísimo más elevadas porque también se repara el daño moral de forma separada», explica González.
Por eso, muchas víctimas prefieren buscar vericuetos legales y denunciar en la administración estadounidense, lo que puede demorar la resolución del dictamen varios años. Algo parecido sucedió tras el terrible accidente aéreo de Los Rodeos en 1977, en Tenerife, en el que murieron 583 personas y 61 resultaron heridas y que se mantiene como el siniestro con más víctimas mortales de la historia de la aviación comercial. Entonces no existía este rasero unitario que hoy indigna a las víctimas, pero el asunto se dirimió en los tribunales de Nueva York y las indemnizaciones (a pagar entre las aerolíneas PanAm y KLM, el gobierno español y Boeing), alcanzaron los 30 millones de euros de la época. Algo menos de 50.000 euros para cada familia. Un año después, con la macabra tragedia del camping de Los Alfaques, el Estado fijó una compensación global de algo más de 13 millones de euros para los casi 600 afectados (243 muertes y más de 300 heridos graves). Una media de 22.000 euros. Menos de la mitad que en Los Rodeos.
Pero la pequeña demora que se produce en algunas batallas legales entre aseguradoras y asegurados es irrisoria en comparación, por ejemplo, con el retraso que acumula el cobro de las indemnizaciones por parte de las víctimas del Yak-42, que llevan diez años peleando «por saber la verdad», según el abogado Leopoldo Gay, y esperando una compensación fijada en algo más de seis millones de euros para las 62 familias de los fallecidos. A unos 100.000 euros para cada familia que, sin embargo, aún están pendientes de pago porque una de las compañías responsables se declaró insolvente y la otra, la alemana Chapman Freeborn, «pone todos los problemas procesales del mundo y más», subraya Gay. En este caso, sin embargo, el juez sí fijó una compensación por los daños morales derivados de las negligencias en las identificaciones de los cadáveres que supusieron una verdadera «tortura» para los allegados de los militares fallecidos. Esa reparación moral se fijó en 10.000 euros para cada una de las familias afectadas.
El terrorismo se ‘paga’ mejor
Y aunque cueste creer que haya vidas (o muertes) peor valoradas que otras, esta sensación parece afianzarse cuando se compara a todas estas víctimas de siniestros colectivos con los damnificados en otras catástrofes. Principalmente, de las provocadas por actos terroristas. En 2010, y con carácter retroactivo hasta 1960, el Congreso aprobó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios una ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo que establecía indemnizaciones de 250.000 euros por fallecimiento y 500.000 euros por gran invalidez, casi el doble de lo que prevé, de media, la tabla de cálculo para accidentes de tráfico. Así, las víctimas del 11-M (las familias de los 191 fallecidos y los casi 2.000 heridos) han dispuesto de cerca de 350 millones de euros, con compensaciones de 900.000 euros por cada fallecimiento, según falló el juez del caso. Lejos de los 150.000 euros que recibieron la viuda y los cuatro hijos del general Justo Oreja, asesinado por ETA en 2001, y aún más lejos de los más de tres millones de euros con los que se indemnizó al diputado socialista Eduardo Madina, que perdió una pierna como consecuencia de una bomba lapa. El baremo propone y parece que el juez dispone. «Esto es discriminar a las víctimas. ¿Por qué una vida se trata de forma tan diferente?» se pregunta Pilar Vera. «No luchamos por las indemnizaciones, porque esto no es una lotería ni una herencia. Lo que nos ha tocado vivir es una tragedia».
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